Gobierno lanza Red de Oportunidades para que empresas contraten a personas liberadas
El presidente Lacalle Pou y los ministros Martín Lema y Pablo Mieres coincidieron en que cambiar prejuicios por oportunidades es clave para quienes egresan de una cárcel y para la sociedad.
En ese contexto, lanzaron Red de Oportunidades, medida con la que se procura dar contención a esta población y generar empleo para ella. Las empresas que contraten personas liberadas accederán a un subsidio de entre 60% y 80% del salario.
“Conceptualmente, es ir a uno, al individuo”, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al participar, este martes 23, en un encuentro denominado Sinergias para Construir una Mejor Sociedad, instancia que promueve la inserción laboral de personas que recuperan la libertad. La actividad, desarrollada en las instalaciones del World Trade Center Free Zone, fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
El mandatario consideró que, si al final del día la persona que egresa de un centro de reclusión dispone de un trabajo, será libre de optar entre obrar bien o mal, porque contará con las herramientas para elegir.
Lema recordó que en 2022 la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) pasó de la órbita del Ministerio del Interior a la del Mides y destacó la labor y la experiencia del equipo de la cartera que dirige.
Manifestó que se pregunta a diario si cuando una persona sale de una cárcel realmente recupera la libertad, si es libre, porque eso se relaciona con la integridad, con la posibilidad de decidir. Aseguró que se busca cambiar prejuicios por oportunidades, lo que no puede lograrse sin ayuda. Por ello, se iniciará Red de Oportunidades, explicó.
Por su parte, Mieres señaló que, en el marco de la ley de promoción del empleo para personas vulnerables, vigente hace un año y medio, hay distintas iniciativas para apoyar la contratación de individuos provenientes de estos sectores, inclusive un programa específico que permite un subsidio mayor que los comunes: 60% del salario para hombres y 80% para mujeres durante un año, siempre que los contratados sean personas que egresan del sistema penitenciario.